Buenos Aires. Si hay un funcionario que se empeña en desmentir los datos de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es el secretario de Medios, Enrique Albistur. Desde que “Pepe”, como le dicen sus amigos, asumió su cargo, al que llegó de la mano de Néstor Kirchner, el gasto de su área en concepto de “Publicidad oficial” aumentó 598 por ciento.
“Es la inflación”, dice Albistur, pese a que el salto porcentual más grande ocurrió entre 2003 y 2004, cuando la inflación era más baja, y el más grande en valor sucedió entre 2006 y 2007, cuando el gasto en publicidad oficial saltó de 209,6 millones a 322,4 millones, en coincidencia con la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Tampoco parece casual que una parte desproporcionada de ese dinero haya sido para el diario Página/12, el más afín al Gobierno, ni que Santa Cruz, la segunda provincia con menos habitantes del país, sea la séptima en el ranking de recepción de fondos de la “pauta” nacional, gracias a la “acertada” línea editorial de los medios de Rudy Ulloa Igor, ex chofer de Néstor Kirchner, un león vendiendo avisos.
Tanto dinero de “publicidad oficial” recibieron los medios de Rudy que cuando la periodista Mara O’Donnell, autora del libro Propaganda K, dividió el total por el valor de la supuesta tarifa, halló que a los medios del Silvio Berlusconi de la Patagonia no le daban las páginas para cursar tanta pauta publicitaria.
Esos son dos ejemplos del “abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta” que investigaron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa pro-Justicia de la Sociedad Abierta, dos organizaciones no gubernamentales, en la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay.
El trabajo, titulado “El precio del silencio”, fue presentado el jueves pasado en Buenos Aires y apunta a las formas que adoptó la censura, superada la etapa en que las voces de disenso se supriman de modos más brutales.
La “censura indirecta o sutil”, dice el informe, es una tendencia creciente en América latina que, aunque invisible al público en general, “proyecta una amplia e insidiosa sombra sobre la libertad de expresión”. De hecho, el informe documenta “la utilización abusiva que los gobiernos hacen de sus facultades financieras y regulatorias sobre los medios, como aquellas relacionadas con los procesos de asignación de publicidad oficial y adjudicación de licencias, así como otras interferencias sobre los contenidos”.
“Nos preocupamos por este tema desde 2002, cuando el gobierno de Neuquén dejó de publicar avisos en el diario Río Negro en represalia por una nota sobre corrupción en el gobierno neuquino”, explicó Roberto Saba, director Ejecutivo de la ADC. El caso generó el primer fallo de una Corte Suprema en América Latina, que juzgó que el gobierno de Jorge Sobisch haba “violado el derecho a la libre expresión” del periódico, recordó Eleonora Rabinovich, directora del programa de Libertad de Expresión de ADC. Pero los abusos y la “censura sutil” se pueden ejercer sin mayores problemas, debido al vaco legal sobre el manejo de los fondos de publicidad oficial, que los gobernantes manejan a discreción. Conceptualmente más útil es la diferencia entre “subsidios” (a los que puede recurrir el Estado para promover la pluralidad de medios) y “publicidad”, que debería asignarse buscando eficacia de mensaje. Al fin y al cabo, la información pública es un derecho ciudadano, no una prerrogativa de los funcionarios para comprar silencio o complicidad.
Fuente: La Voz del Interior, 17 de agosto de 2008.
